Una serie de testigos han declarado en un juicio laboral que sentará precedentes y pondrá en jaque la responsabilidad social empresarial en casos de violencia de genero
Los testigos afirman que la trabajadora habría sido amenazada y acosada por González y otros empleados, y que la empresa no habría tomado medidas para frenar la violencia laboral en la sucursal. También denuncian que la empresa otorga beneficios y horas de trabajo a aquellos que son cercanos al gremio, mientras que aquellos que se oponen a la lista azul son discriminados con salarios por debajo de la canasta vital y movil.
La sucursal de Easy Palermo ubicada en Bullrich 345 de la Ciudad de Bs. As ya contaba con un protocolo de violencia laboral, el cual fue impuesto en el 2017, luego que se comprobará que la empresa habría sido cómplice de violencia laboral y se dictará la primer orden de alojamiento en el ámbito de trabajo de un dirigente sindical hacia una trabajadora, el establecimiento estaba obligado a informar a sus empleados y ha seguir un protocolo en casos de violencia laboral, esto no solo no fue informado sino que atreves de los testimonios se percata que nunca fue implementado
«La empresa nunca acató el protocolo de violencia laboral que el Juzgado obligó a elaborar y dar cumplimiento», afirmó una testigo.
En otros de los relatos se aprecia, la incertidumbre y angustia de uno de los trabajadores despedido
«Es muy incómodo trabajar así, pareciera que si hacés bien tu trabajo pero te llevás mal con los delegados te despiden», dijo una trabajadora.
Los testigos además declararon que la trabajadora era una excelente compañera.
La justicia ha citado al cuerpo de delegados de la lista azul, a los responsables de la dirección del establecimiento y a los jefes directos de la trabajadora para que den explicaciones sobre el despido y la relación que estos tenían con la trabajadora. Se espera que se esclarezcan las circunstancias que rodearon el despido y se determine si hubo alguna irregularidad o discriminación en el proceso. Además, se indagará sobre la falta de medidas de acción directa por parte del sindicato, como asambleas y huelgas, para defender a la trabajadora afiliada, lo que ha generado interrogantes sobre la efectividad de la representación sindical en este caso.