“Puertas cerradas, amenazas laborales y abuso sexual”, describen los testimonios incorporados en actuaciones del Ministerio Público Fiscal.
Según consta en presentaciones judiciales tramitadas ante el Ministerio Público Fiscal de la provincia, los hechos denunciados habrían ocurrido dentro del propio sindicato, en dependencias de la Secretaría General del Centro de Empleados de Comercio de San Salvador de Jujuy, en altas horas de la noche, cuando el edificio quedaba vacío. No se trata de referencias vagas ni de versiones indirectas: los relatos sitúan los episodios en el núcleo mismo del poder sindical, describiendo puertas cerradas, ausencia de terceros y amenazas directas que convierten el trabajo en una herramienta de coacción.
Los testimonios coinciden en un mismo punto de partida: convocatorias laborales que derivan en oficinas cerradas. Entradas por tareas administrativas, reuniones “de último momento”, pedidos urgentes cuando ya no queda nadie más en el edificio. Una vez adentro, el escenario se transforma. El tono se endurece. La advertencia se repite en distintas voces: si decís que no, perdés el trabajo. El sindicato, concebido como espacio de protección, aparece narrado como un ámbito de encierro donde el poder se ejerce de manera violenta.
Las denuncias señalan al actual secretario general del Centro de Empleados de Comercio de San Salvador de Jujuy, Miguel Mamani, y describen una lógica sostenida en el tiempo. No como hechos aislados, sino como un modo de operar: el acceso al trabajo en blanco, la continuidad laboral, los recursos y las tareas utilizados como mecanismos de presión. Ingresar por razones laborales y salir con miedo. Ingresar confiando y salir dañada. Ingresar creyendo que hay resguardo y constatar que no lo hay.
Las denuncias mencionadas se encuentran formalizadas en sede judicial. Los testimonios incorporados identifican lugares, horarios y roles jerárquicos, y refieren conductas reiteradas en un mismo ámbito institucional. Las presentaciones incluyen relatos coincidentes y referencias a represalias laborales posteriores.
Fuentes consultadas en el ámbito sindical de San Salvador de Jujuy confirmaron que los señalamientos no eran desconocidos y que existían comentarios previos que no derivaron en acciones formales. La acumulación de testimonios y la existencia de actuaciones ante el Ministerio Público Fiscal abren interrogantes sobre responsabilidades individuales e institucionales, así como sobre los mecanismos de control interno.
Mientras tanto, los hechos denunciados colocan bajo escrutinio público a la conducción del Centro de Empleados de Comercio de San Salvador de Jujuy y reactivan un debate de interés general sobre los límites del poder sindical, los deberes de cuidado y la obligación de garantizar ámbitos laborales seguros. La investigación continúa.