El proceso electoral en el Centro de Empleados de Comercio de Campana quedó envuelto en un clima de tensión tras la aparición de denuncias por violencia de género contra el actual Secretario General, que ya fueron registradas en sede de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
En paralelo, se confirmó que la secretaria de actas, Noemí Botti, fue denunciada por haber presionado a la ex pareja de un integrante de la oposición para que presente una denuncia falsa de violencia de género. Según consta en las pruebas presentadas, Botti se habría comunicado con la mujer, ofreciéndole abogados y respaldo institucional para avanzar con una causa inexistente.
Este accionar fue señalado como un hecho de violencia de género en el ámbito sindical, ya que implicó ejercer poder sobre otra mujer para manipularla y utilizarla con fines políticos. De este modo, la violencia no se dirigió solo contra el candidato opositor, sino también contra la mujer a la que se intentó instrumentalizar.
Mientras la conducción sindical enfrenta estas acusaciones, la Lista Negra y Roja de Comercio destacó por su intervención en el caso, no solo impulsando la denuncia, sino también acompañando a las víctimas y atendiendo las situaciones de violencia de género que surgen dentro del ámbito laboral. Este rol fue señalado como un diferencial frente a la actual conducción, que permanece en silencio.
De acuerdo con fuentes cercanas a la Cámara Correccional y Criminal, lo que algunos intentan presentar como maniobras políticas debe leerse en realidad como hechos de violencia laboral y de género que no pueden minimizarse.
El escenario electoral se agrava con otras irregularidades ya denunciadas: planillas de avales sin firma ni sello, padrones cuestionados y falta de transparencia en los plazos. Todo esto genera preocupación entre los afiliados, que esperan un proceso legítimo y democrático.
La Lista Negra y Roja de Comercio, además de disputar la conducción, se posiciona en Campana como un espacio que recoge y canaliza denuncias de violencia, evidenciando que la lucha por un sindicalismo distinto también implica garantizar entornos libres de acoso y hostigamiento.